Martín Tanaka dice:

Está muy bien la fiscalización y la participación ciudadana. Sin embargo, no puedo dejar de expresar preocupación por el carácter antipolítico que puede terminar adoptando esta campaña.

Se invoca el principio del control ciudadano para poner a los congresistas bajo celoso escrutinio, lo que está bien; pero los activistas deben promover el involucramiento de los verdaderos protagonistas. En el caso de Anaya, deben ser los ancashinos, los lambayecanos en el de Espinoza Soto, y los puneños en el caso de Sucari, dicho sea de paso, la congresista electa con la votación más alta en su región.

Expresar que la campaña puede “terminar adoptando un carácter antipolítico” es un despropósito. Venga de quien venga.  La campaña, repito nuevamente, no pretende solucionar problemas de fondo, sino simplemente promover y hacer prevalecer nuestro derecho fundalmental de acceso a la información pública. Punto. Nadie quiere tumbarse nada ni desprestigiar a nadie. ¿Eso es antipolítico? Creo que no. ¿Hacer que respeten nuestros derechos es antipolítico? Tampoco. ¿Todo ello puede “terminar adoptando un carácter antipolítico”? Menos.

Creo que Tanaka confunde el acto mismo de la campaña, con la respuesta y debate que se pueda realizar alrededor de la misma. Y es que, claro, la campaña hace que todos expresen sus puntos de vista y eso puede generar reacciones antipolíticas, pero todo ello escapa a la finalidad misma de la campaña.

“Adopta un congresista” no “terminará adoptando” un carácter antipolítico, sino posiblemente sean las reacciones de  los diversos actores que opinan alrededor de ella las que lo adopten. La campaña solo tiene un objetivo claro: promover y hacer prevalecer un derecho constitucional haciendo uso de los canales regulares con respeto y sin violencia. Y eso jamás será antipolítico.

De forma aparte, estamos de acuerdo en que los gastos operativos deben dividirse en rubros y ser manejados por un ente autónomo, tal y como recomienda la Asociación Civil Transparencia.

Finalmente, los “verdaderos protagonistas” se involucrarán en mayor medida cuando existan acciones macro desde organismos con capacidad de convocatoria y difusión. No nos pidan a nosotros, simples ciudadanos, cumplir ese rol. Nuestro papel con la campaña es claro y concreto.

Creemos que en un análisis posterior se sabrá valorar en algo el esfuerzo por difundir y hacer prevalecer nuestros derechos. Y eso, en un país donde la mayoría de intelectuales no saben -o no quieren- llegar a la gente “de a pie”, será una gran contribución ciudadana.

A pesar de algunas críticas, los cierto es que la campaña “Adopta un congresista” es la única real y concreta que se está llevando acabo desde la ciudadanía para hacer prevalecer nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública y luchar contra lo que a todas luces resulta deplorable. Estamos de acuerdo en que se debe profundizar el tema y dar pasos globales en torno al asunto, pero eso no desmerece, en ninguna medida, el actuar de todas las personas involucradas.

Es necesario que mediante todas las formas posibles se nos respete y se tome en verdadera consideración los derechos que constitucionalmente nos amparan. No pretendemos con la campaña resolver asuntos de fondo institucionalmente arraigados por décadas en la Administración Pública, pero estamos convencidos que a través de este tipo de acciones se pueden lograr cambios importantes.

Por el momento, la campaña está dando resultados paralelos concretos que de otra forma no se hubieran podido dar. Por ejemplo, ayer en la Municipalidad de San Isidro conté  alrededor de veinte  personas pidiendo formularios para exigir información pública. ¿Esto era así antes? Creo que no. ¿Se mantendrá la tónica? Depende de nosotros.  No hay campaña bien intencionada y amparada en las leyes que tenga algún efecto desfavorable, sobre todo si busca la reivindicación de derechos.

Estamos avanzando en esa línea. Queda mucho camino por recorrer, pero mientras tanto no debemos parar el coche. Si las ONG’s no hacen nada, ¿por qué no hacerlo nosotros? Estoy seguro que la persona “de a pie” empezará a tomar conciencia de lo que está sucediendo y habremos colaborado en algo con la difusión de nuestros derechos y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

Así de simple y sin tanto rollo.

Buen fin de semana.

Apoyan la campaña sin objeciones:

Beatriz Boza siempre alumbra todo

Tuesta Soldevilla dice que es un modelo de participación civil

Defensora del Pueblo contundente

Claudia Cisneros hasta el final

Augusto Álvarez Rodrich les dice asesinos

Links de algunos medios apoyando la campaña:

El Comercio

Perú21

Los bloggers son muchos, así que solo pongo a tres:

El Paki la inició

Godoy asquiento sigue en pie

Ocram sigue el ritmo aquí y aquí

Como sabemos, el Informe que emitirá la Contraloría, producto de la Acción de Control, tendrá un carácter general y no contendrá el detalle de los gastos realizados por todos los congresistas; por lo tanto, teniendo en cuenta la finalidad buscada, la información resultará bastante limitada. Lo que nosotros estamos pidiendo es el detalle de todos los gastos operativos de un determinado congresista en un lapso de tiempo específico; es decir, queremos saber en qué gastó ese congresista el dinero que mensualmente sale de nuestros bolsillos a través de los impuestos que pagamos.

Recordemos que los congresistas son funcionarios públicos en base a una delegación de poder dada por todos nosotros en las elecciones; por lo tanto, tienen el deber de representarnos correcta y transparentemente.  Así de simple. En ese sentido es que está concebida la campaña: transparencia en la rendición de cuentas en base a lo delegado y por lo cual reciben un cheque mensual.

Ahora bien, nosotros ciudadanos, ¿qué debemos hacer cuando algunas de estas personas, a quienes nosotros delegamos facultades, nos dicen que no tenemos derecho a pedirles nada? Pues, exigir nuestro derecho con más contundencia hasta la última instancia.

¿Legalmente tenemos argumentos? Claro que sí. Veamos lo básico:

En primer lugar, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, al ser justamente orgánica y especial, jamás podrá considerarse por encima de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que regula un derecho fundamental. Mucho menos podrá tomarse en cuenta la Directiva N° 003-2004-CG/SGE, ya que fue emanda en base a la citada Ley orgánica.

En segundo lugar, es inconstitucional sustentar que la información sobre los gastos operativos es reservada por el solo hecho de encontrarse en período de investigación. Solo puede existir reserva cuando la publicidad pueda causar daño; situación que claramente no ocurre en el presente caso.

Y, en tercer lugar, el Principio de Publicidad es la regla, y todas las instituciones y organismos estatales deben adecuar su normativa a lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública expresa al amparo de un derecho fundamental taxativamente señalado en la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, no debemos claudicar en nuestro pedido, sobre todo si están en juego nuestros derechos fundamentales. Debemos responder con más fuerza.  Es hora que la verdadera democracia participativa (Artículo 31º de la Constitución Política del Perú) empiece a ser realidad. Si no es ahora, ¿cuándo?

Más:

José A. Godoy tiene un modelo de apelación

Marco Sifuentes en FASE 2 y Rosa María Palacios responde a Matute y Velasquez Quesquén

En Peru.com:

Matute argumentó que es la Contraloría la depositaria de la información que se le alcanza y que, durante el proceso de investigación, dicha información tienen carácter de intangibilidad a fin de que sea cautelada.

Aclaró que no tiene ningún problema en que esa información se comparta con la opinión pública para reforzar el control ciudadano con sus autoridades.

Dijo, sin embargo, que mientras que este en vigencia una regla de funcionamiento en el proceso de investigación (de intangibilidad de la información) “es esa la regla la que se impone“.

A ver.

La Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ningún artículo establece que los gastos operativos de los congresistas tienen carácter de información reservada, ni antes, durante o después de alguna investigación. En ese sentido, esos documentos son de acceso público; es decir, cualquier ciudadano puede exigirlos.

Ahora bien, el problema está en que el Congreso aprobó el 15 de agosto una Auditoría a cargo de la Contraloría General de la República; por lo tanto, toda esa documentación, que es de libre acceso al público según la Ley, se encuentra actualmente en manos de un ente que tiene entre sus reglas la “intangibilidad de la información”. Entonces, la cosa se complicaría, porque si bien es cierto, en estricto, tenemos el derecho a recibir la información sobre los gastos operativos, esta ya no se encuentra en manos del Congreso, sino de la Contraloría, que por “precaución” no la quiere dar a conocer amparándose en la citada regla.

¿Qué hacer en ese contexto? De acuerdo a lo que establece nuestra legislación y jurisprudencia sobre el tema, al no tratarse los gastos operativos de un tema restringido con carácter reservado, mas allá de la investigación de la Contraloría, debe primar el Derecho de Acceso a la Información Pública (Artículo 2, numeral 5 de la Constitución Política del Perú), que tiene calidad de libertad preferida y cuyo concepto en su dimensión colectiva fue detallado ampliamente por el Tribunal Constitucional en una Sentencia del 6 de abril de 2004:

Desde este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la res pública termina convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena eficacia de los principios de publicidad y transparencia de la Administración Pública, en los que se funda el régimen republicano, sino también para efectuar del mejor modo el control institucional sobre los representantes de la sociedad.

Por ello, con carácter general, debe destacarse que la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla general, y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción. Y es que si el Estado democrático de derecho presupone la división de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y la elección periódica de los gobernantes, ciertamente éste no podría asegurarse si es que no se permitiera a las personas poder ejercer un control sobre las actividades de los representantes del pueblo. Uno de los modos posibles de cumplir dicho principio y, con ello, las demandas de una auténtica sociedad democrática, es precisamente reconociendo el derecho de los individuos de informarse sobre la actuación de los órganos estatales y sus representantes.

Por lo tanto, es nuestro deber ciudadano seguir con nuestro pedido constitucional, hasta agotar las instancias correspondientes; luego de ello, de ser necesario, entablar los hábeas data respectivos ante el Tribunal Contitucional.

Más sobre el tema:

RMP: El otoronguismo se viste de oscuro

Godoy: Adopte un congresista: La respuesta del Congreso

Catalina Subirana: El Congreso y los problemáticos procesos de adopción

El Útero: Respondió el Congreso

El Paki: Estos son los resultados

Útero TV: Hablan los adoptados